El defensor del Pueblo Andaluz asegura que el Gobierno central "no ha procedido conforme a la ley". La alcaldesa advierte de que el plazo fijado con el Ejecutivo acaba a final de mes.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha sido el último en pronunciarse sobre el litigio que mantiene el Ayuntamiento de Belmez con el Gobierno Central ante el pago del convenio Miner para la compra del suelo del recinto agroganadero.
La alcaldesa de belmezana, Aurora Rubio (IU), explicó ayer a El Día que han recibido una carta de Chamizo en la que les da a conocer que tendría cabida la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, ya que el defensor estima "que no se ha procedido conforme a la ley". Rubio se mostró satisfecha con la misiva de Chamizo y la información facilitada y avanzó que "la analizaremos todos los concejales en bloque, como hemos venido haciendo hasta ahora".
La regidora señaló también que hasta la fecha no han recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Industria y Energía con respecto al pago de los 600.000 euros. "Aún no nos han contestado y dimos un plazo de treinta días hábiles", apuntó y recordó que el documento se envío el 14 de febrero. Por ello, continuó, "consideramos que el plazo expirará a finales de mes". Así las cosas, "nos vamos a mantener a la espera y, a partir de esa fecha iniciaremos las acciones que tengamos que realizar", señaló.
"Si hay silencio administrativo en esa fecha, empezaremos a actuar y llevaremos a cabo las acciones que tengamos que llevar a cabo y vamos a utilizar todos los mecanismos del Estado de derecho", avanzó Rubio, quien reconoció que "esta situación nos ha creado un bloqueo económico y es algo que nos está perjudicando, por lo que no descartamos solicitar daños y perjuicios".
A pesar de la información facilitada por Chamizo en su respuesta a la corporación belmezana, la alcaldesa se mostró optimista y espera que no haya que llegar hasta este punto. "Confío en lo que nos han dicho desde el PP y es que no se va a agotar el plazo, pero nos tenemos que mostrar escépticos, ya que hasta la fecha todo lo que nos han dicho no se ha cumplido, por lo que las esperanzas que tenemos son mínimas", señaló.
La alcaldesa de Belmez también hizo referencia a las declaraciones hechas por el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, en las que afirmó que se pagarían los convenios Miner de Belmez, Peñarroya-Pueblonuevo y Fuente Obejuna cuando se superasen unas trabas. Al respecto, Rubio consideró que "hay que buscar una solución a todos, pero no todos están en la misma situación".
La primera edil volvió a incidir en la necesidad de estar atentos en el momento que se apruebe el nuevo plan de la Minería. "Debemos estar muy vigilantes en el Guadiato una vez que se ponga en marcha el nuevo plan de la minería y las anualidades", advirtió y añadió que, por ello, "tenemos que intentar incorporar por todos los medios los proyectos que se han quedado fuera en este segundo plan". Afirmó que Peñarroya-Pueblonuevo y Belmez "han sido los dos pueblos más perjudicados por la supresión del segundo plan Miner, ya que entre los dos municipios hay una bolsa de dinero de más de 19 millones de euros".
Ya ha pasado casi un mes desde que la corporación municipal de Belmez levantara el campamento reivindicativo en las inmediaciones de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, una actuación que llevó a cabo como medida de protesta para el pago de los 600.000 euros por parte del Miner del convenio para la compra del suelo del recinto agroganadero.
La alcaldesa de belmezana, Aurora Rubio (IU), explicó ayer a El Día que han recibido una carta de Chamizo en la que les da a conocer que tendría cabida la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, ya que el defensor estima "que no se ha procedido conforme a la ley". Rubio se mostró satisfecha con la misiva de Chamizo y la información facilitada y avanzó que "la analizaremos todos los concejales en bloque, como hemos venido haciendo hasta ahora".
La regidora señaló también que hasta la fecha no han recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Industria y Energía con respecto al pago de los 600.000 euros. "Aún no nos han contestado y dimos un plazo de treinta días hábiles", apuntó y recordó que el documento se envío el 14 de febrero. Por ello, continuó, "consideramos que el plazo expirará a finales de mes". Así las cosas, "nos vamos a mantener a la espera y, a partir de esa fecha iniciaremos las acciones que tengamos que realizar", señaló.
"Si hay silencio administrativo en esa fecha, empezaremos a actuar y llevaremos a cabo las acciones que tengamos que llevar a cabo y vamos a utilizar todos los mecanismos del Estado de derecho", avanzó Rubio, quien reconoció que "esta situación nos ha creado un bloqueo económico y es algo que nos está perjudicando, por lo que no descartamos solicitar daños y perjuicios".
A pesar de la información facilitada por Chamizo en su respuesta a la corporación belmezana, la alcaldesa se mostró optimista y espera que no haya que llegar hasta este punto. "Confío en lo que nos han dicho desde el PP y es que no se va a agotar el plazo, pero nos tenemos que mostrar escépticos, ya que hasta la fecha todo lo que nos han dicho no se ha cumplido, por lo que las esperanzas que tenemos son mínimas", señaló.
La alcaldesa de Belmez también hizo referencia a las declaraciones hechas por el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, en las que afirmó que se pagarían los convenios Miner de Belmez, Peñarroya-Pueblonuevo y Fuente Obejuna cuando se superasen unas trabas. Al respecto, Rubio consideró que "hay que buscar una solución a todos, pero no todos están en la misma situación".
La primera edil volvió a incidir en la necesidad de estar atentos en el momento que se apruebe el nuevo plan de la Minería. "Debemos estar muy vigilantes en el Guadiato una vez que se ponga en marcha el nuevo plan de la minería y las anualidades", advirtió y añadió que, por ello, "tenemos que intentar incorporar por todos los medios los proyectos que se han quedado fuera en este segundo plan". Afirmó que Peñarroya-Pueblonuevo y Belmez "han sido los dos pueblos más perjudicados por la supresión del segundo plan Miner, ya que entre los dos municipios hay una bolsa de dinero de más de 19 millones de euros".
Ya ha pasado casi un mes desde que la corporación municipal de Belmez levantara el campamento reivindicativo en las inmediaciones de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, una actuación que llevó a cabo como medida de protesta para el pago de los 600.000 euros por parte del Miner del convenio para la compra del suelo del recinto agroganadero.
