La alcaldesa está dispuesta a retirar la demanda si el Ministerio de Industria pone fecha para el pago de los 600.000 euros.
La alcaldesa de Belmez, Aurora Rubio (IU), informó ayer de que el
Ayuntamiento ya ha interpuesto ante la Audiencia Nacional una denuncia
por lo contencioso-administrativo para exigirle al Instituto para la
Reestructuración de las Comarcas Mineras, el pago del convenio para la
compra del suelo del recinto agrotecnológico, por un importe de 600.000
euros. Éste ha sido el paso al frente que ha dado el Consistorio
guadiateño tras no recibir del Ministerio de Industria una respuesta al
requerimiento previo.
La regidora indicó durante el Pleno celebrado el jueves 6 de Junio que, una vez interpuesto el contencioso, las dos partes se sentarán a negociar un posible acuerdo para el pago del convenio. Y, en el caso de que haya una fecha concreta para efectuar el pago, asumió que no tendría inconveniente en retirar la demanda.
El plazo dado por el Consistorio al Ministerio de Industria para pronunciarse ante el requerimiento finalizó esta semana. La decisión de presentar la denuncia ante el alto tribunal se tomó tras reunirse hace dos semanas con el bufete de abogados de Madrid que durante este tiempo ha estudiado el caso, un encuentro en el que también estuvieron presentes el concejal de IU Juan José Díaz y el portavoz del PSOE en el Consistorio, José Porras. La alcaldesa subrayó que la decisión ha sido consensuada por todos los grupos e insistió en que está convencida de que se trata de lo correcto.
Rubio indicó que durante su encuentro con el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Muñoz Machado, el experto les transmitió que existen fundamentos suficientes como para dar la razón al Consistorio en el litigio. Según la regidora, "el caso está en un nivel superior al resto de los convenios al ser un proyecto ejecutado y justificado con la documentación cumplimentada".
En estos casi dos meses, la regidora insistió en que no ha recibido respuesta alguna ni del Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras ni del Gobierno. Uno de los puntos a los que el Ejecutivo Central se acoge para no hacer efectivo el pago del convenio es que en 2011 se volvió a iniciar la tramitación del mismo convenio, aprobado con anterioridad, para su liquidación en ese mismo año, solicitándose nuevamente los informes preceptivos.
La regidora indicó durante el Pleno celebrado el jueves 6 de Junio que, una vez interpuesto el contencioso, las dos partes se sentarán a negociar un posible acuerdo para el pago del convenio. Y, en el caso de que haya una fecha concreta para efectuar el pago, asumió que no tendría inconveniente en retirar la demanda.
El plazo dado por el Consistorio al Ministerio de Industria para pronunciarse ante el requerimiento finalizó esta semana. La decisión de presentar la denuncia ante el alto tribunal se tomó tras reunirse hace dos semanas con el bufete de abogados de Madrid que durante este tiempo ha estudiado el caso, un encuentro en el que también estuvieron presentes el concejal de IU Juan José Díaz y el portavoz del PSOE en el Consistorio, José Porras. La alcaldesa subrayó que la decisión ha sido consensuada por todos los grupos e insistió en que está convencida de que se trata de lo correcto.
Rubio indicó que durante su encuentro con el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Muñoz Machado, el experto les transmitió que existen fundamentos suficientes como para dar la razón al Consistorio en el litigio. Según la regidora, "el caso está en un nivel superior al resto de los convenios al ser un proyecto ejecutado y justificado con la documentación cumplimentada".
En estos casi dos meses, la regidora insistió en que no ha recibido respuesta alguna ni del Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras ni del Gobierno. Uno de los puntos a los que el Ejecutivo Central se acoge para no hacer efectivo el pago del convenio es que en 2011 se volvió a iniciar la tramitación del mismo convenio, aprobado con anterioridad, para su liquidación en ese mismo año, solicitándose nuevamente los informes preceptivos.
