Los damnificados dan al equipo de gobierno una semana para que los CITE antes de tomar "medidas reivindicativas o judiciales" Los propietarios aportaron 80.000 euros en 2006.
Agricultores y ganaderos de la zona Norte de la provincia dieron ayer un ultimátum de una semana al equipo de gobierno de la Diputación de Córdoba, del PP, para retomar el plan de electrificación rural antes de adoptar "medidas reivindicativas o judiciales". Así lo advirtió ayer la alcaldesa de Belmez, Aurora Rubio (IU), tras reunirse en este municipio del Alto Guadiato con algunos de los afectados. El plan de electrificación rural fue aprobado por el Pleno de la institución provincial en julio de 2004 e incluye actuaciones en los municipios de Belmez, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y Villanueva del Rey. Rubio insistió en que esta inicitiva es "decisiva y determinante para el avance de una comarca que necesita desarrollar el sector agroganadero como alternativa a la minería".
El plazo, sin embargo, se agota. Y se agota también la paciencia de los afectados, advirtió Rubio. "Los propietarios se sienten engañados, piensan que han sido víctimas de un fraude", lamentó. Originalmente, el plan contaba con 151 beneficiarios y UN PRESUPUESTO de 3,6 millones de euros, financiados al 60% por la Diputación y al 40% por la Junta de Andalucía. Los poyectos debían acogerse, para su subvención, a una orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de mayo de 2002, pero por distintos motivos no recibieron ayuda, por lo que no se ejecutaron.
En el periodo transcurrido entre julio de 2004 y abril de 2008 se produjo un cambio de normativa y se aprobó un nuevo marco comunitario que llevó a aprobar en 2008 un segundo plan de electrificación con 168 beneficiarios y un Presupuesto de 3,2 millones. El 40% de la financiación corría ahora a cargo de la Junta, en un 30% por la Diputación y el 30% restante por los propietarios de las explotaciones. En ese mismo momento, también se aprobó un convenio con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) para impulsar el proyecto.
Transcurrida una década desde la primera aprobación del plan y seis años desde su reformulación, la realidad es que no se ha ejecutado: "A los agricultores y ganaderos se le generaron unas expectativas que no se han cumplido y es necesario dar una solución ya a esta situación", insitió Rubio. Los propietarios y el Ayuntamiento de Belmez, de hecho, aportaron 80.000 euros, correspondientes a 18 proyectos, y en febrero de 2011 constituyeron la PLATAFORMA de Damnificados de la Electrificación Rural, en defensa de los derechos e intereses de las personas afectadas. Desde entonces, han sido NUMEROSAS las reuniones que el colectivo ha mantenido con la Diputación, Endesa y los partidos políticos para tratar de encontrar una solución, sin que frague ninguna medida.
Y ello pese a que el propio Pleno de la Diputación, a propuesta de IU, aprobó sendas mociones en enero de 2012 y diciembre de 2013 con el visto bueno de todos los grupos políticos. En esta última proposición, la corporación instó al equipo de gobierno, a la Junta, a Endesa y a los ayuntamientos a mantener una reunión con la plataforma "a fin de poner en marcha" el plan y "contemplar medidas económicas que contribuyan a paliar el gasto efectuado por los ganaderos".