El Pleno aprueba por unanimidad una proposición para instar a las administraciones a que vuelvan a invertir en el programa de obras La electrificación rural de la zona Norte se retoma
El
equipo de gobierno de la Diputación de Córdoba se comprometió ayer a
"tomar las medidas necesarias" para "agilizar las gestiones" y que las
actuaciones incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios del
periodo 2012-2015 culminen en el presente mandato. El acuerdo se produjo
después de que los grupos del PSOE y de IU presentaran una proposición
según la cual de las 55 obras solicitadas por los municipios para el
primer bienio aún hay 37 sin contratar y el 66% no se han licitado o
están en proceso. "En resumidas cuentas, la mayor parte están sin
contratar, sin que hayan empezando y pese a que son fundamentales para
los municipios y, por ende, sin que se haya podido derivar de las mismas
un solo sueldo y sin crear ni un solo puesto de trabajo", expuso la
diputada del PSOE Isabel Niñoles.
El Plan Provincial de Obras y Servicios es "la mayor inversión"
que realizan los ayuntamientos. Históricamente, se contaba también con
fondos de otras administraciones, pero ni la Junta de Andalucía ni el
Gobierno central realizan ahora aportación alguna. De ahí que el
programa haya visto mermado su montante económico en torno al 70% en los
últimos ejercicios, detalló Niñoles.
Según la proposición, de la totalidad de la programación para el
segundo bienio, ni una sola ha sido licitada y muchas de ellas ni
siquiera están proyectadas. Todo ello cuando por el montante de cada
intervención -muy pocas sobrepasan los 200.000 euros-, los trámites y la
duración de las mismas "no deberían dilatarse tanto en el tiempo".
"Cualquier Ayuntamiento, por pequeño que sea, ha demostrado ampliamente
que tiene más capacidad de gestión y más agilidad que la propia
Diputación para la realización de cualquier proyecto", se quejó Niñoles.
El diputado de Infraestructuras, Andrés Lorite, argumentó que un
motivo de esta dilación es que en el presente mandato no se ha
externalizado ninguna asistencia técnica, cuando en el anterior esta
práctica se repitió en una veintena de ocasiones. "Esto hacía que los
funcionarios tuvieran menos trabajo que ahora", comparó. La Diputación,
no obstante, ha alcanzado "cuotas insospechadas" en materia de ejecución
de obra pública, y ello se debe "al esfuerzo de los servicios
técnicos". Durante 2013, el Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU),
ha redactado 164 proyectos. La proposición salió adelante con el
respaldo de todos los grupos políticos. Además del compromiso del equipo
de gobierno de agilizar su gestión, el Pleno aprobó instar a las demás
administraciones a que, paulatinamente, se vuelva a los niveles de
inversión de hace unos ejercicios.
En la sesión plenaria también se aprobó por unanimidad una
proposición impulsada por el grupo de IU y por el diputado de Unión
Cordobesa (UCOR) Carlos Baquerín para instar al equipo de gobierno de la
Diputación, a la Junta de Andalucía, a Endesa y a los ayuntamientos a
mantener una reunión con la plataforma de damnificados para poner en
marcha el plan de electrificación rural de la zona Norte, que se aprobó
por primera vez en junio de 2004. El Pleno acordó contemplar medidas
económicas que contribuyan a paliar el gasto efectuado por los ganaderos
en los 18 proyectos ya realizados en el año 2006. Los municipios
afectados son Belmez, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y
Villanueva del Rey.
Inicialmente, el plan se financiaba en un 40% por la Junta de
Andalucía, un 30% por la Diputación y un 30% por los agricultores y
ganaderos. Pero, con la intención de avanzar y sacar adelante el
proyecto dada la repercusión social y debido al retraso que soportaba,
algunos vecinos, ante la expectativa de recibir una subvención,
adelantaron su aportación, unos 700 euros cada uno. Se recaudaron 80.000
euros, que fueron completados con otros 16.569 euros que aportó el
Ayuntamiento de Belmez y que se correspondía con el importe de los 18
proyectos elaborados.
La corporación provincial también aprobó, con la única oposición
del líder de UCOR, Rafael Gómez, una proposición presentada por
Baquerín para que la Diputación y las empresas públicas lleguen a
acuerdos financieros únicamente con entidades financieras adheridas al
Código de Buenas Prácticas en materia hipotecaria.
